Salvar la reforma, hipotecar el futuro

Es desalentador que el empresariado organizado en el CACIF salga a pedir a los diputados el rechazo al reconocimiento pleno de la jurisdicción indígena, pero supone una opción para salvar la reforma constitucional al sistema de justicia.

Es desalentador porque Guatemala podría desarrollarse más y mejor en un marco legal que abrace la diversidad de sus habitantes, respete las diferencias entre nosotros y en lugar de imponer la visión de unos sobre otros procure la igualdad real en armonía. Esto se puede lograr y no es utópico sino una aspiración democrática.

Pero mantener el tema de la jurisdicción indígena pone en riesgo la reforma completa al sistema de justicia que promueven la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público.

Los empresarios albergan dudas sobre lo que puede acarrear la pluralidad jurídica y una parte de esas dudas son razonables. ¿Acaso hemos estudiado lo suficiente cómo habrán de compaginarse un sistema y el otro? ¿No es sensato prever esa armonización antes de dar el paso del reconocimiento pleno?

Otras dudas suyas no lo son. Por ejemplo, creer que reconocer el derecho indígena supone poner en riesgo el concepto de propiedad privada.

Muchos empresarios temen que las autoridades ancestrales puedan llegar a resolver sobre los derechos de propiedad o sobre las concesiones de explotación de recursos naturales. Y aunque eso resulta insensato debido al marco constitucional, nada puede hacerlos temblar más.

Esos temores conectan de inmediato con el miedo atávico al reconocimiento de derechos de los indígenas, compartidos por buena parte de la sociedad como quedó demostrado en la consulta popular de 1998. Y en este momento de lucha contra la impunidad la reforma al sistema de justicia es esencial para garantizar la independencia y el profesionalismo del organismo judicial. De manera que resulta insensato poner en riesgo su realización por un punto que puede y debe programarse con más orden y calma a dos años plazo.

Porque quienes se oponen al cambio que ha traído en la vida política y legal del país el funcionamiento de la CICIG han recurrido a azuzar estos temores para provocar el fracaso de la reforma y ojalá el colapso completo de la lucha contra la impunidad. Ante esto también debiera posicionarse el sector empresarial organizado y comprometerse con la primera fase de reformas que garanticen que los ciudadanos no veremos burlado nuestro deseo de vivir sin corrupción e impunidad. Para nadie.

Sin embargo, con un poco de entendimiento, los guatemaltecos podemos ver que excluir un nuevo intento por hacer del país uno que represente mejor a todos sus habitantes sólo supone abonar a la inconformidad. Al dejar fuera el reconocimiento pleno de la justicia maya, como antes ocurrió al rechazarse el reconocimiento de los idiomas nacionales como idiomas oficiales, al mantener “ladinizadas” por completo las estructuras del Estado, abonamos a una cultura de dominación y segregación de hecho que lastra a Guatemala.

El riesgo real a mediano y largo plazo es que un segmento importante de la población se considere excluida y busque la escisión para determinarse plenamente.

Y la tragedia nacional consiste en que por ninguna parte se ve un liderazgo político, menos aún un liderazgo económico, capaz de concebir un país moderno y próspero para las mayorías. Un país en el cual la población indígena pueda sentirse en verdad representada dentro del Estado.

Esa es la tarea más importante de cualquier hombre o mujer con visión de Estado hacia el futuro.

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