Seis preguntas y respuestas sobre Jimmy Morales e Iván Velásquez

Hemos atravesado dos semanas intensas desde que el Ministerio Público solicitó el antejuicio en contra del presidente, Jimmy Morales, por delitos de financiamiento electoral ilícito y luego el mandatario declarara persona non grata al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez.

Va esta versión exprés para refrescar la mente o aclarar algunos puntos.

UNO. Al final, ¿se va Iván Velásquez o no se va? ¿quién lo decide?

R/ La bola está en la cancha de la Organización de Naciones Unidas. El presidente Morales se quejó de la actuación del comisionado Velásquez y corresponde a ONU realizar una auditoría para decidir si esas quejas tienen fundamento. Los dos comisionado anteriores, Carlos Castresana y Francisco D’Allanese fueron removidos a partir de quejas del gobierno de Guatemala.

Sin embargo, el presidente Morales afectó su propia causa cuando sin esperar a que se agotara el trámite de la auditoría interna de ONU se precipitó a declarar non grato a Velásquez.

En consecuencia, la imagen que se refleja en la prensa internacional es que el Presidente está urgido de deshacerse de quien le investiga por la comisión de delitos.

DOS. ¿Qué papel juega Estados Unidos en este conflicto?

R/ No hay ningún indicador de que Washington esté de acuerdo con la remoción de Iván Velásquez pero sobre todo, con que se debilite la lucha contra la corrupción y la impunidad en general en Guatemala.

El Secretario de Estado, Rex Tillerson ha pedido informes directos de la situación en Guatemala. El jefe de gabinete del presidente Trump, John Kelly, es un fiel creyente en el papel de la CICIG en el país. Y hay un acuerdo bipartidista que se hace evidente en dos comunicados recientes de comisiones del Congreso y el Senado que reclaman al gobierno de Trump asegurarse de que nada obstruya la labor de la CICIG. Incluso le recuerdan que la ayuda bilateral está supeditada al buen funcionamiento de la lucha contra la impunidad.

Para Washington, más allá de la figura de Iván Velásquez, lo fundamental es preservar la buena colaboración entre el Ministerio Público y la CICIG. De ahí que se avizora una vigilancia estrecha suya sobre el proceso de elección del sucesor de Thelma Aldana en mayo de 2018.

TRES. ¿Tiene futuro la petición del CACIF respecto a que Cicig persiga también, además de aquellos involucrados en la corrupción, a quienes destruyen hidroeléctricas, roban energía y bloquean carreteras?

R/ Muy escaso.

El discurso en contra de la justicia selectiva (alentado por quienes dicen que la comisión contra la impunidad concentra todos sus esfuerzos en perseguir políticos de derecha y empresarios proveedores del Estado) se ha materializado en los últimos días con esa petición de CACIF a CICIG para que persiga a quienes con medidas de hecho se oponen al modelo económico vigente en el país.

La petición de combatir a estos grupos, que no necesariamente se encuentran dentro del mandato de la Comisión contra la Impunidad (porque para tratarse de un Cuerpo Ilegal o Aparato Clandestino de Seguridad tendría que contar con la participación de agentes del Estado), pondría a esa instancia de la ONU a afrontar las manifestaciones de los conflictos más profundos existentes en Guatemala.

Me refiero al reclamo de participación en la toma de decisiones que atañen a su desarrollo de parte de comunidades campesinas e indígenas. La demanda de autonomía territorial. La exigencia de descentralización para determinar inversiones en infraestructura y educación y salud públicas. Y más allá. Los remanentes de la confrontación de la guerra interna en partes del territorio a donde no llega el Estado.

CUATRO. ¿Qué va a pasar con el antejuicio?

R/ Todos los signos hasta el momento apuntan a que la mayoría de diputados va a rechazar el inicio de proceso judicial contra el presidente Morales. Quienes adversan a la CICIG y su lucha contra la impunidad y la corrupción dentro del Congreso por diferentes razones suman poco más de 100 diputados. Aproximadamente 50 o 55 estarían dispuestos a darle curso al antejuicio.

Se requiere de 105 votos levantarle la inmunidad al Presidente.

Sólo un milagro –leáse una presión popular muy grande- podría hacer que la mayoría calificada de diputados encuentre más rentable políticamente mandar a proceso a Jimmy Morales que protegerlo a él y combatir a la CICIG a la cual ven como un riesgo para ellos mismo.

CINCO. ¿Tiene que renunciar el Presidente a su cargo si declara con lugar el antejuicio?

R/ No necesariamente.

Las actuaciones del Presidente mientras era Secretario General de FCN pueden ser investigadas sin que este tenga que dejar la Primera Magistratura aunque supondría algún desgaste comparecer en persona o por escrito ante un juez instructor de proceso.

Su renuncia sólo se haría indispensable en el caso de que se dictara orden de aprehensión en su contra.

SEIS. ¿Cabe la posibilidad de que renuncie Jimmy Morales?

R/ Sí cabe.

Quienes tratan de cerca con el Presidente aseguran que su ánimo se ve muy afectado ante la posibilidad de que su hijo y/o su hermano sean condenados a prisión por los delitos de fraude –y en el caso de Sammy- por lavado de dinero. Ese proceso se encuentra ya abierto a debate público y previsiblemente será resuelto en el mes de septiembre.