El volcán retumba

La tensión política en el país no ha hecho otra cosa que crecer desde que arrancó el año. Cinco decisiones del Gobierno y sus aliados abonan al clima de crispación tras los remezones de las acciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG).

UNO.  La sustitución de Francisco Rivas en el ministerio de Gobernación por Enrique Degenhart

La llegada de Degenhart, cuya lealtad es atribuida en partes iguales al alcalde Alvaro Arzú y a Estados Unidos, pero quien se encuentra bien reputado por su actuación en tiempos del gobierno de la UNE en la dirección de Migración, genera más ansiedad todavía.

El Ministerio Público y la CICIG, igual que la embajada de Estados Unidos, soprendida por el cambio, desconocen cómo va a actuar el aparato nacional de seguridad la próxima vez que un fiscal solicite un operativo para capturar a una figura conspicua bajo cargos de corrupción. La Policía debe por ley someterse a las órdenes de los fiscales, pero existe el riesgo de una filtración de datos que propicie la fuga de un sospechoso. Y existe también el riesgo de que el operativo resulte fallido.

Esa ansiedad no parece fantasiosa, si se tiene en cuenta que la última acción bajo el mando de Francisco Rivas, la captura del ex ministro de la Defensa Williams Mansilla, irritó al presidente Jimmy Morales porque no le fue informada con anterioridad y le convenció de la necesidad de tener en esa cartera a una persona cuya primera lealtad fuera hacia él. Escogió sin embargo a un hombre cercano a Alvaro Arzú.

Mansilla, ministro de la Defensa desde tiempos de Alejandro Maldonado Aguirre, se otorgó a sí mismo y al propio Presidente un bono de Q45 mil y Q50 mil respectivamente y por ese bono es perseguido. Su detención fue momentánea pues aunque el juez le dejó vinculado a proceso le concedió de inmediato prisión domiciliar.

El bono para el Presidente ha sido una de las causas de mayor pérdida de popularidad del mandatario desde que fue dada a conocer por el medio digital Nómada. Y hay quien piensa, con temor reverencial hacia los militares o con preocupación por la estabilidad en el país, que la captura de Mansilla puede causar malestar dentro del Ejército. En cambio, otros analistas creen que muchos oficiales de menor gradación pueden sentirse reivindicados por una acción legal contra quien se receta a sí mismo un privilegio del cual pocos gozan. La persecución a Mansilla no es llevada adelante por CICIG sino en exclusiva por el Ministerio Público pero en un clima tan crispado pocos se detienen a revisar esa clase de detalles.

DOS.  La reelección de la junta directiva del Legislativo, con cuadros tan cuestionados como el diputado Felipe Alejos o Estuardo Galdámez

Esa decisión de los diputados, que habían montado en cólera junto a sus aliados por la orden de la Corte de Constitucionalidad de repetir la elección, alimenta el rechazo de las clases medias hacia el Congreso. Los diputados oficialistas consideran artificial o interesado ese rechazo, pese a que ya ha llegado a poner en riesgo la gobernabilidad como ocurrió el 15 de septiembre de 2017. Según los congresistas, el alcalde Arzú y el propio presidente Morales quienes salen a las calles a protestar son exclusivamente militantes de izquierda, mas no notan que muchas familias enteras han tomado las plazas o los alrededores del Congreso en rechazo a los diputados y a los gobernante.

El rumor el día de la reelección de la junta directiva sostenía que de la embajada de Estados Unidos salían llamadas a diferentes diputados para disuadirles de apoyar la planilla encabezada por Alvaro Arzú Escobar. Pero si esas llamadas se produjeron simplemente no surtieron el menor efecto. Arzú y los suyos se sienten más bien acuerpados o por lo menos comprendidos por el embajador Luis Arriaga, a quien tanto el Ejecutivo, como los diputados oficialistas ven mucho más simpatizante de sus intereses que Todd Robinson.

En parte por eso, a los diputados no les parece relevante que el Ministerio Público y la CICIG encuentren sospechoso a Felipe Alejos de intermediar entre contribuyentes tentados de sobornar y la mafia de la Superintendencia de Administración Tributaria. Y sólo encuentran una remota contradicción entre la simpatía expresada por el embajador Arriaga hacia ellos y la constante difusión de informaciones provenientes del Congreso estadounidense e incluso el Departamento de Estado a favor de la CICIG. Cuando se les cuestiona al respecto funcionarios del Ejecutivo y diputados oficialistas responden: Estados Unidos apoya a la CICIG, pero no a Iván Velásquez.

A los diputados apenas parece haberlos inquietado que Arístides Crespo, el más longevo integrante de la actual Legislatura fuera capturado bajo acusación de otorgar plazas fantasma. Su argumento de descargo frente al juez “que él es acusado por darle trabajo a la gente” (sin mencionar que en su mayoría eran empleados con doble plaza en el sector público y con imposibilidad de horario para cumplir con sus obligaciones), no fue contestado ni atendido por un solo líder político.

Los antiguos diputados de Manuel Baldizón, ahora todos alineados a favor de Jimmy Morales y Alvaro Arzú y en contra de la CICIG y el MP, apenas dijeron estar sorprendidos por la detención de su antiguo líder máximo en Miami. Los cargos de enriquecimiento a partir del cobro de sobornos por parte de la constructora Odebrecht fueron prácticamente soslayados.

TRES.  El fracaso en Nueva York

En la lógica de quienes adversan la lucha contra la impunidad y la corrupción, sobre todo la persecución del financiamiento electoral ilícito que Iván Velásquez y Thelma Aldana han convertido en un asunto central de su acción penal, debe resultar por lo menos difícil de entender que la canciller Sandra Jovel haya fracasado en conseguir la salida del comisionado colombiano.

La ministra de Relaciones Exteriores no logró que el Secretario General de la ONU aceptara la sustitución de Iván Velásquez. Los conocedores sostienen que no lo logrará, como tampoco conseguirá que ONU admita la solicitud del gobierno de Guatemala de que la Comisión abandone la persecución de corruptos por la de pandilleros y narcotraficantes.

Y la condecoración del Ejército para ella fue interpretada rápidamente como un respaldo de los militares al esfuerzo de expulsar al comisionado.

Naciones Unidas, según todos los indicadores, no va a complacer al gobierno sustituyendo a Iván Velásquez. Y el presidente Morales se encuentra atado de manos por un convenio entre el país y la ONU que remite cualquier diferencia entre las partes a un diálogo como el que le arrojó cero resultados a Morales y a su canciller.

La opción de denunciar el convenio con 105 votos del Congreso sería claramente ilegal e invalidada por la Corte de Constitucionalidad, amén de que supondría un alto costo para Guatemala en la comunidad internacional sobre todo después que el Secretario de Estado, Rex Tillerson, declaró enfáticamente que la CICIG contaba con todo el respaldo de su administración.

En cambio, el gobierno de Jimmy Morales pese a todos sus esfuerzos por congraciarse con la administración de Donald Trump, enfrenta dificultades.

Su gobierno es el único de la región que no se encuentra certificado en el combate a las drogas. El propio presidente Trump insiste en la necesidad /obligación de los países centroamericanos y de México de colaborar con su política anti narcóticos.

El gobierno de Guatemala sin embargo, cuenta entre sus diputados a por lo menos dos cuadros bajo sospecha de la Agencia Antidrogas (DEA) de haber participado en el trasiego de narcóticos. Uno de ellos, Armando Melgar Padilla, antiguo jefe de seguridad del presidente Jimmy Morales, acaba de padecer la inmovilización de Q15 millones en cuentas nacionales.

CUATRO. El acuerdo con Joviel

El mismo día en el que los diputados oficialistas, quienes aprobaron los dos decretos pro impunidad del 13 de septiembre pasado, votaron de nuevo por Alvaro Arzú Escobar para presidir el Congreso, Joviel Acevedo marchó por las calles de la ciudad para exigir fondos para el cumplimiento del pacto colectivo. El presidente Morales pronto lo recibió y le ofreció el dinero. Pero el ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, un cuadro sostenido en su cargo a petición de la embajada de Estados Unidos, aseguró de inmediato que carecía de fondos para satisfacer esas demandas.

El acuerdo con Joviel Acevedo, el sindicalista más impopular en las áreas urbanas del país, afecta la imagen de Jimmy Morales y de sus aliados. Peor aún, puede precipitar la salida de Estrada de un gabinete cada vez más débil. Pero fue el propio ministro de Finanzas quien facilitó el debilitamiento del equipo de gobierno cuando decidió sustituir al jefe de la SAT.

CINCO.  La expulsión de Solórzano Foppa de la Superintendencia de Administración Tributaria

Con la pérdida del Superintendente, la SAT pierde beligerancia en la vida pública nacional pero sobre todo pierde capacidad real de recaudación. Nadie espera que los significativos reclamos del fisco hacia grandes empresas privadas –debilitados tras la salida del intendente jurídico Adrián Zapata– sigan adelante ya sin la presencia de Solórzano Foppa. Esto trae alivio al presidente Morales, cuestionado por líderes de empresas señaladas por la SAT pero le pone en evidencia frente a quienes exigen un incremento en la capacidad de recaudación del Estado y el cese de los arreglos mafiosos a favor de grandes contribuyentes.

La tensión hasta este momento no ha supuesto acciones del presidente Morales y de los seguidores del alcalde Arzú contra la CICIG fuera del marco del convenio entre la ONU y el Estado de Guatemala. Pero han hecho casi todo lo que está en sus manos para limitarla en su acción. Desde nombrar a alguien más leal a ellos en el ministerio de Gobernación hasta cobrar control completo de la agenda del Congreso y limitar la autonomía de la SAT.

Los ciudadanos a favor de la gestión del MP y de CICIG no han salido a la plaza a protestar pero el clima para esas manifestaciones empieza a construirse.

La ansiedad por la inminencia de nuevas acciones públicas penales contra el propio alcalde Arzú, contra más diputados por cobrar sobornos de Odebrecht, contra empresarios que pudieron participar en financiamiento electoral ilícito o pago de comisiones a cargos públicos para conseguir beneficios, es combustible para esa tensión.

Y por ninguna parte surge un liderazgo que permita tender algún puente, buscar alguna válvula de alivio traducida en justicia de transición en esta olla de presión –o volcán a punto de estallar- en la cual se ha convertido Guatemala.

2 Comments

  1. Jorge Cáceres A.

    Como siempre, un excelente enfoque, totalmente comprensible, hasta para quienes pretenden ignorar la realidad. Ciertamente, ya se oyen pasos de animal grande y se va vislumbrando la solución legal, de los cambios necesarios, antes de que sea más tarde. Felicitaciones.

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