El poder en un islote

Alvaro Arzú y Jimmy Morales amanecen cada mañana más solitarios. El Palacio Municipal es una isla, con solo puentes hacia la Casa Presidencial y los cuarteles militares, que a la hora dura no serán de poca monta, pero difícilmente suficientes. Y poco confiables por lo demás.

Más de la mitad de la elite empresarial se muestra ya abiertamente en contra de las intenciones de Arzú y de Morales de expulsar a Iván Velásquez o de entorpecer de algún modo el embate contra la cultura prevaleciente de amiguismo y corrupción. Del resto de empresarios, incluso de los más duros, aquellos dispuestos a financiar a los detractores más desorbitados del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, tampoco llegan buenas nuevas para la mancuerna gobernante. Algunos de ellos ya buscan medidas para transitar hacia el régimen de legalidad con menor costo para sí mismos. Le apuestan a una solución transicional. Cada vez hay más convicción de que la lucha de CICIG y el MP es irreversible.

El día que se constituyó el Frente Ciudadano contra la Corrupción, el cual reúne a dirigentes populares, autoridades ancestrales indígenas, académicos y líderes de organizaciones de sociedad junto a empresarios, un ex ministro de Alvaro Arzú, Peter Lamport, advirtió que la sustitución de la cúpula de la Policía Nacional Civil sólo hace augurar medidas represivas.

La protección brindada por el gobierno en pleno y la complicidad de la juez Domínguez a un comandante militar como Erick Melgar Padilla fue una victoria pírrica que terminó de persuadir a más personas de la necesidad de marcar distancia del gobierno. La mayoría no quiere estar en el bando de quienes, acusados de los crímenes más infames, encuentran un burladero a la justicia en la alianza entre Arzú y Morales.

La destitución súbita del jefe de Estado Mayor de la Defensa, el general Cano Zamora y de todo su equipo, debilita el dominio del Presidente sobre las fuerzas armadas. El gobernante pierde a sus incondicionales.  El Ejército refleja en tiempos de Jimmy Morales una inestabilidad y politización que habla de incordia interna. Penetración de narcotráfico. Corrupción. Y cada vez más fondos públicos para mantener a los oficiales contentos.

Nikky Haley, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, transmitió un mensaje muy claro al Presidente: Washington respalda a la CICIG y a Iván Velásquez.

Y eso que la enviada de Donald Trump no desaprovechó para cuestionar la mediatización que de los casos penales hacen CICIG y el MP.

El alcalde Arzú y el presidente Morales entienden ahora que su causa sólo es compartida por los más comprometidos frente a la justicia. Y que su estrategia, garantizar la lealtad absoluta del Ejército y la Policía a la hora de protestas populares por una potencial expulsión de Velásquez y clausura de la CICIG, tendrá un costo mayor al previsto.

Donald Trump agradece la promesa del traslado de la embajada de Guatemala a Jerusalén, y Benjamin Netanyahu, un ave herida en el gobierno de Israel, hace otro tanto. Pero ni todo el respaldo de la desfalleciente administración israelí puede persuadir al gobierno de Trump de permitirle a un país del Triángulo Norte de Centroamérica salirse de la ruta trazada por Washington. En Honduras Estados Unidos ha dado por buena la reelección de Juan Orlando Hernández, pero lejos de liberarlo del cinturón de castidad de la Misión anti Corrupción de la OEA (la MACIH), Washington le ha obligado a aceptarla.

El principal baluarte de Arzú y Morales se encuentra todavía en el Congreso. Ahí sus diputados procuran por diferentes vías ampliar el control que su bando ha obtenido en Gobernación, en la SAT y en la Policía.

Sea mediante una ley que de forma encubierta prohíba las manifestaciones públicas como en Venezuela; sea por medio de una reforma de la figura del antejuicio para permitirle a los diputados pro impunidad deshacerse de un Fiscal General incómodo o de una magistrada de la Corte de Constitucional a la cual consideran la líder de la defensa del régimen de garantías: los diputados intentan de todas las formas asestar el golpe. Pero los votos leales a su causa son cada vez menos. Muy insuficientes para terminar con el convenio que da vida a la CICIG sin caer en una inconstitucionalidad que la Corte habría de declarar en menos de 24 horas. Y cada vez disminuirán más.

De avanzar una negociación para facilitar el tránsito hacia un régimen de legalidad con un costo menor para quienes hayan cometido delitos, pero sin ceder en la lucha contra la impunidad, lo previsible es que un número creciente de diputados prefiera esa salida.

Resulta menos costosa –y encarna menos riesgos- que dar un golpe.

Aunque el Ejército y la Policía les permitan a Arzú y a Morales mantener el poder en sus manos y reprimir a los manifestantes y sustituir en las cárceles a los acusados de CICIG y el MP por sus críticos, su gobierno se convertiría en un paria. Esa historia ya la vivió Jorge Serrano.

Y más temprano que tarde la vuelta a la legalidad haría que los miembros del gabinete que firmaron decretos inconstitucionales se conviertan en perseguidos por la justicia. A los diputados la ley también habrá de pasarles la factura. La historia de nunca acabar en Guatemala.

Si siguieran la ruta de sólo hacer inoperante la acción penal de CICIG y el MP gracias a filtrar la información para hacer inútiles los operativos de captura a los acusados, harían correr a sus alfiles en Gobernación y en la Policía un riesgo indeseable: ir ellos mismos a prisión por obstaculizar la justicia.

De ahí que soledad de la mancuerna en el poder sea cada vez más acuciante, pero de los dos que gobiernan quien menos tiene que perder es Jimmy Morales, sólo un accidente en la historia.

Para Arzú en cambio, se derrumba el mundo en el cual ha reinado.

Las acciones legales contra el alcalde capitalino y su entorno van encaminadas a poner fin a sus métodos de poder: no podrá seguir financiando sus reelecciones con fondos públicos. No podrá seguir compensando a sus cuadros más cercanos con la adjudicación a dedo de contratos vía los fideicomisos de TuMuni.

El poder del gran padrino, Angel Gónzalez mengua semana a semana.

Y la soledad de quienes gobiernan crece sin respiro.