El negocio del transporte

Esta columna, que cuestionaba el negocio del Transurbano, la publiqué originalmente en elPeriódico en 2010. Como si hubiera sido escrita ayer.

Más allá del negocio que se oculta detrás del nuevo sistema de prepago en el transporte colectivo de la capital. Más allá de la burda dedicatoria en la autorización de rutas para la cual se finge un concurso público con la simple finalidad de llenar un requisito. Más allá del uso de fondos públicos nacionales para favorecer los intereses electorales del partido oficial. Más allá incluso de la ambición de no quedar excluidos del reparto de fondos y del negocio millonario que muestran los operadores de rutas cortas desde los municipios vecinos a la ciudad de Guatemala.

El fondo de los problemas que se plantean ahora que se trata de instalar un nuevo sistema de pago acompañado de paradas seguras y la renovación de la flota de buses lo constituyen la improvisación, soluciones parciales, cortoplacismo, anteposición de intereses sectoriales y no la búsqueda de un interés colectivo. El área metropolitana, que no simplemente la ciudad de Guatemala, necesitan una planificación seria, coherente con su realidad y no con los caprichos o los intereses pecuniarios de sus administradores.

Los obstáculos y dificultades que surgen para el nuevo sistema tienen que ver con la gran cantidad de intereses que quedaron insatisfechos con el arreglo al que llegaron un grupo de transportistas, la Municipalidad capitalina y el Gobierno central. Y cualquier arreglo de este entuerto supondrá para el país entero un costo mayor. La administración municipal le ha atribuido al erario público una parte del costo de mantener en buenas condiciones a la ciudad. Los capitalinos, que apenas pagan Impuesto Unico Sobre Inmuebles, prefieren que el Estado central pague el costo de operación de su ciudad.

¿Cómo se explica que se le entregue a 4 sociedades anónimas el control del transporte público durante 25 años cuando es el Estado quien lo paga por la vía de una asignación de US$35 millones para el sistema de prepago y por la vía del subsidio al transporte? ¿Quiénes integran esas sociedades anónimas? ¿Por qué no se propició una competencia real por las rutas? ¿Hay funcionarios municipales y del Ejecutivo beneficiados de estos arreglos? ¿Por qué se oculta la propiedad de entidades que se benefician de fondos públicos?

¿Supone este nuevo sistema el debilitamiento de la idea de convertir al Transmetro en el modelo masivo de transporte? ¿Por qué no se invierten los fondos estatales entregados para montar el sistema de prepago en la construcción de las ramales del Transmetro que hacen falta? ¿Por qué no se planifica en conjunto el transporte de toda la región metropolitana?

En el corto plazo sin duda, el partido oficial va a rentabilizar una buena imagen gracias a esta inversión, los transportistas tendrán 25 años de negocio asegurado sin haber tenido que competir por él y mientras la Municipalidad se declara ajena a todo manejo, probablemente alguno de sus funcionarios se relamerá de gusto frente al negocio logrado. El Transmetro requerirá de otros 20 años para llegar a operar plenamente. Y la mitad de nosotros estará muerta cuando alguien quiera abordar con seriedad el tema de la eficiencia del transporte colectivo.